Plataforma de la Reforma: consenso para modificar la gobernanza del Instituto de Previsión Social
El 18 de setiembre, el Equipo de Incidencia sobre el Sistema de Seguridad Social, de la Plataforma de la Reforma analizó una propuesta de Ley de modificación del sistema de gobernanza del Instituto de Previsión Social, del Senador Stephan Rasmussen. “Tenemos que ser muy claros. Si seguimos como está, IPS va a quebrar”, fue el consenso de representantes de centrales sindicales, del sector privado y de la sociedad civil. El objetivo de la plataforma es construir una propuesta de consenso.
La Plataforma de la Reforma del Estado es promovida por la Fundación CIRD como respuesta a la apertura del Gobierno y del Congreso para facilitar la participación de todos los sectores en la generación de propuestas que contribuyan a tener servicios de calidad para la ciudadanía, producidos de manera eficiente.
En el ámbito Sistema de Seguridad Social, participaron de la reunión representantes de las centrales sindicales CUT, CUT-A, CGT, de los gremios empresariales UIP, FEPRINCO y CAP, y de la Sociedad Civil, #paraguayahora y la Fundación CIRD. Los mismos coincidieron en la necesidad de repensar el Sistema de Seguridad Social, creando la Superintendencia de los Fondos de Pensiones para regular el funcionamiento de todas las cajas existentes, y que la Superintendencia de Salud cumpla efectivamente su rol.
«IPS es la salvación de los pobres. Y estamos conscientes de que debe ser reformado porque la forma en que está operando no es sostenible «, dijeron los representes sindicales quienes valoraron la importancia que el IPS tiene para los trabajadores y para los jubilados. “Sabemos que el problema está en su sistema de gestión”, dijeron.
La propuesta del Senador Rasmussen, preparada en consulta con varias de las organizaciones participantes de la reunión, propone la separación del Instituto de Previsión Social en dos: El Instituto de Previsión de Pensiones y Jubilaciones y el Instituto del Seguro Nacional de Salud, integrado al Sistema Nacional de Salud. “La separación de ambos sectores es determinante para la sostenibilidad porque si se siguen mezclando los recursos financieros llegará el momento en que los fondos jubilatorios terminarán”, expresó Rasmussen.
Los participantes coincidieron en que más allá de la mera separación del IPS, es necesario repensar su funcionamiento. La Constitución Nacional establece que debe ser administrado por los trabajadores y empleadores. Sin embargo, como un legado de la dictadura, el presidente de IPS es designado por el Presidente de la República y muchas prácticas facilitan que sea un botín político. El resultado es una gestión deficiente. “Una institución tan importante como el IPS debe ser gestionada sin injerencias políticas”, expresaron los participantes.
Mejor salud, mejor gestión
Durante la reunión, se analizó la conveniencia de la separación de los fondos de jubilaciones y pensiones de los servicios de salud, mencionando entre las ventajas las condiciones más favorables para una mejor gestión y entre las desventajas el mayor costo de tener dos estructuras paralelas.
El Senador Rasmussen aclaró que la propuesta de reforma no incluye ningún tipo de cambio en los parámetros de jubilación, porcentaje de aportes y que se busca respetar los derechos adquiridos de los funcionarios del IPS. La propuesta establece medidas para el traspaso de inmuebles y muebles.
Ante la realidad de que los fondos para salud son insuficientes y se utilizan los recursos destinados a la jubilación, la propuesta del Senador Rasmussen prevé la incorporación gradual de funcionarios públicos y de las autoridades electas que generalmente tienen ingresos comparativamente más altos que los aportantes del sector privado. No obstante se mostró abierto a otras fórmulas que pudieran proponer para contribuir a eliminar el déficit de los fondos para salud.
“El peor escenario es no hacer nada. Todos queremos un sistema de jubilaciones universal, que no sea un privilegio sino que pueda llegar a todos los trabajadores, incluyendo los autónomos”, dijo el exministro del Trabajo, Guillermo Sosa, quien también participó en la reunión.
En términos de la gobernanza, para ajustarla a lo que establece la Constitución Nacional, conforme a las recomendaciones de diversos organismos multilaterales y mejores prácticas mundiales, se propuso que cada Instituto tenga un Consejo de Dirección integrado por representantes del Ejecutivo, de los Empleadores, de los Trabajadores y de los Jubilados, electos por elección directa de cada sector, realizada por el Tribunal de Justicia Electoral. A su vez los Institutos estarían administrados por un Directo Ejecutivo, escogido por Concurso Público, por 5 años.
Si bien la mayoría de los asistentes reconoció que estas propuestas no atacan el problema de manera completa y sistémica, sí mencionaron que una estrategia de gradualidad es la más conveniente. Se recordó que en el año 2014 se dividió el Ministerio de Justicia y Trabajo en dos, y que el proceso no fue traumático y que redundó en mejores resultados para la ciudadanía.
La propuesta de ley fue compartida será analizada y una vez logrado el consenso entre todas estas organizaciones directamente afectadas, será presentada a los demás sectores de la ciudadanía, al Ejecutivo y al Congreso para que pueda ser implementada.
