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Miembros del Consejo Nacional de Salud manifiestan desacuerdo con Ley de Descentralización
En su última sesión ordinaria de 2008, el Consejo Nacional de Salud (CNS) manifestó su desacuerdo con el proyecto de Ley de Descentralización que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Mediante una nota remitida al presidente de la Cámara Baja, Enrique Salyn Buzarquis, los miembros del Consejo aseguraron que tal como está redactada legislación puede poner en peligro los logros obtenidos en el campo de la descentralización de los servicios de salud pública. También manifestaron que ella puede generar dificultades en su implementación, principalmente en lo que tiene que ver con la logística de insumos críticos, y que generaría un perjuicio a los trabajadores de la salud.
Sin embargo, dejaron en claro que están a favor de la descentralización como una estrategia para mejorar la situación de salud de nuestro país, pero consideraron que una ley de descentralización debe ser la culminación de un amplio proceso de debate, análisis y participación de todos los actores involucrados, situación que no se dio con este proyecto.
La nota remitida fue firmada por todos los presentes durante la última reunión del año del CNS, llevada acabo el pasado 18 de diciembre en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública y presidida por la presidenta del organismo y ministra Esperanza Martínez. En ella también solicitaban el aplazamiento de la aprobación del proyecto de ley y la convocatoria a una audiencia pública para debatir el tema. Dicho pedido no fue tenido en cuenta por los Diputados.
Al respecto, la ministra Martínez, afirmó que la aprobación de la ley fue apresurada y que el proceso no permitió una reflexión técnica, política y financiera adecuada. "Es un proyecto que se discutió en dos o tres semanas, y creemos que este es un proceso que debe ser discutido de manera amplia, con participación ciudadana, con intendentes, gobernadores, Consejos Locales de Salud y trabajadores de salud", enfatizó la profesional.
En uno de sus principales artículos, el proyecto dispone que sea el Poder Ejecutivo el que transfiera por decreto a los gobiernos departamentales o municipales las partidas presupuestarias previstas para sus ministerios y secretarías. Las carteras que estarán sujetas a esta ley, además de salud, serán educación, obras públicas, agricultura, ganadería, comercio, industria y medio ambiente.

Críticas
En el seno del CNS hubo plena coincidencia en que el proyecto de ley debe ser ampliamente debatido entre todos los sectores.
"Lo que pedimos es que esa ley sea estudiada en el seno del Consejo Nacional de Salud, que todos tengan la oportunidad de opinar y participar", dijo al respecto Cynthia Prieto, ex ministra de Salud.
En ese mismo sentido, se hicieron escuchar los sindicalistas Concepción Chávez de la Asociación Paraguaya de Enfermeras y César Pimienta de la Federación de Trabajadores de la Salud.
"Lo que planteamos como gremio es que esta ley sea previamente socializada, más conversada y se tenga la participación de todos los sectores. Sin dudas, debe ser mejor estudiada", dijo Chávez. Por su parte, Pimienta indicó que su gremio está de acuerdo con la descentralización, pero que de ninguna manera "esta es la forma de iniciar un proceso en el país".
Contrariamente a la opinión de estos referentes, el intendente de San Miguel y vicepresidente de la OPACI, Venancio Díaz aseguró que la nueva ley es un instrumento que propiciará el cambio en nuestro país y que solo mediante la descentralización será posible reformar el Estado.
“Tenerle temor a esta ley es infundado. Nunca puede ser un obstáculo. Se debe tener en cuenta que hay grandes intereses de por medio. Transferir recursos y competencias a los gobiernos subnacionales significa una gran pérdida de privilegios, beneficios, negocios y poder para la gente del nivel central”, afirmó categórico Díaz.

Poder Ejecutivo
Por su parte, el Poder Ejecutivo también remitió una nota a la Cámara de Diputados donde expuso detalladamente todos los artículos que debían ser replanteados, "considerando problemas de constitucionalidad, coherencia normativa y técnica legislativa".
En un documento de 15 páginas, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo afirmó que varios de los artículos de la ley son inconstitucionales, como los que van del 15 al 20, el 41, el 12, el 7, el 9 y el inciso A del 44.
También detallaron artículos que generan riesgo de grave desorden institucional y normativo con impacto negativo para la provisión de servicios públicos; que obstaculizan al proceso de descentralización y de delegación; así como los que adolecen de problemas de técnica legislativa, contradicciones y lagunas jurídicas.
Con esta nota presentada al presidente de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo solicitó una prórroga del tratamiento, la derivación de su estudio al año legislativo 2009 y la conformación de un Equipo de Trabajo que se dedique exclusivamente al estudio del tema para producir una recomendación final. Esta solicitud tampoco fue aceptada.
Mayo 8, 2009