En el sector de la salud pública, la descentralización comenzó a consolidarse efectivamente con la transferencia de recursos del Estado a los Consejos Regionales y Locales de Salud, que se inició en octubre pasado.

Llegar a este estadío fue el fruto de la lucha que encararon varios municipios, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación, cuando toda la estructura del Estado paraguayo se presentaba centralista, altamente burocrática y cerrada a la posibilidad de visualizar una nueva manera de gestionar la cosa pública.

Ahora que se escaló un peldaño más en el proceso de descentralización de la salud, el desafío es otro para todos los actores involucrados, cual es la transparencia y el uso eficiente de los recursos transferidos desde el nivel central a los niveles locales.

Toda administración de fondos públicos atrae a los políticos oportunistas. Por eso, si la descentralización de la salud quiere constituirse en una herramienta nueva de la gestión pública, que esté solamente al servicio de la comunidad, debe mantenerse como territorio liberado del prebendarismo y del clientelismo políticos que minaron las organizaciones del Estado.

No se pueden ya cometer los mismos errores de una administración centralizada, pues eso solo otorgará argumentos a aquellos sectores que todavía insisten en mantener vivo un sistema viciado de corrupción, malversación, uso ineficiente del dinero público y resultados de dudoso y parcial impacto.

Además, se debe reflexionar que cometer los mismos errores implica que los protagonistas de la descentralización se convertirían en lo que siempre criticaron a la hora de exigir de las autoridades transparencia, eficiencia y participación.

Para protegerla de la politización y de la corrupción que ya han comenzado a insinuarse en algunas regiones, la descentralización de la salud pública debe buscar amparo en la mayor participación democrática, en la construcción de sistemas que eliminen toda discrecionalidad en el manejo de los fondos y en la exigente rendición de cuentas.

El compromiso que ahora debe unirlos ya no es el de requerir al Estado espacios en la toma de decisiones, sino es la construcción participativa de la cultura de la transparencia y el uso responsable del dinero público, propiciando rendiciones de cuentas a todos los niveles. Además de fortalecer el proceso, esto permitirá afianzar la democracia en nuestro país.

A través de una metódica y eficiente contabilidad hay que asegurar que todos los ingresos y gastos sean debidamente registrados; mediante la confección de manuales de procedimientos se debe garantizar que todos los flujos y usos de dinero se realicen con absoluta transparencia; y los Consejos Locales de Salud deben ejercer una activa vigilancia para cerciorarse de que los recursos sean aplicados única y exclusivamente en beneficio de la comunidad, sin favoritismos ni exclusiones.

Por constituir un fenómeno emergente, la descentralización es más vulnerable a la contaminación política. Pero, también por ser un proceso nuevo, al mismo tiempo tiene mayor capacidad de desarrollarse sin las lacras y vicios del pasado. Ello será posible si construye su propia institucionalidad basada en la participación democrática y en la transparencia administrativa. Desde luego, estos principios comprometen no solamente a los miembros de la comunidad, sino también a las autoridades de las municipalidades y las gobernaciones.

Concretar el tan anhelado cambio se construirá únicamente sentando las bases del uso responsable del dinero público, que implica no solo gastarlo sino utilizarlo correcta y oportunamente. Otorgando al “cómo” la importancia que el sistema centralizado no lo hizo. Así los resultados serán claros, palpables y concretos.