LUIS LÓPEZ Doctor en Medicina. Neonatólogo. Especialista en Salud Pública y Gerencia y Desarrollo de Proyectos Sociales. Actual consultor del CIRD.

En este momento en que se marca un hito en la vida política de nuestro país y con la inminente asunción de nuevas autoridades se generan grandes expectativas.
Una de las políticas mencionadas insistentemente en el marco de la filosofía política es la gratuidad de los servicios de salud. Gratuidad entendida como la supresión de las barreras arancelarias, considerando que nada es gratis, que todo tiene su costo y que todos juntos pagamos todo.

¿ Será que la propuesta es resultado de un análisis técnico responsable y serio de la situación actual o es una de esas tantas medidas populistas que nos ofrecen, sobre todo, durante las campañas electorales?

La gratuidad es un instrumento administrativo de la política para facilitar el acceso a los servicios sanitarios. Aquí el problema básico es el acceso.

La gratuidad ha sido declarada reiteradamente en distintos momentos, pero como resultado de su aplicación ¿se aumentaron los servicios o no?, ¿se logró mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos?, ¿mejoraron nuestros indicadores?, ¿nuestra población está más sana y los usuarios de los servicios más satisfechos? De qué nos sirven títulos rimbombantes y floreados planes si no conseguimos el objetivo primario que es la ampliación del acceso a los servicios de salud para la gente.

¿ Dónde se ejerce más efectivamente el derecho a la salud? ¿En una comunidad cuyo servicio de salud está descentralizado y donde los aranceles percibidos de los usuarios que pueden pagar (manteniendo la exoneración a los que no pueden hacerlo) sirven para financiar servicios que el MSPyBS es incapaz de brindar? o ¿en una comunidad no descentralizada con declaración de gratuidad, pero que en la práctica el servicio no se brinda por desabastecimiento, equipamiento médico fuera de uso por falta de reparación, ambulancia sin combustible, carencia de médicos, etc.?

Si se eliminan los aranceles y no es posible mejorar el servicio por otros medios de financiamiento, estos son recursos decisivos para lograr mejores condiciones para el funcionamiento de los servicios. La gratuidad, al fomentar la cultura del “no pago” en general, no es valorada por la ciudadanía y el cobro de aranceles tiene sentido si estos son administrados localmente en un marco de flexibilidad, oportunidad, transparencia y eficiencia. Esto se logra a través de los acuerdos de cogestión administrativa en salud en el marco del proceso de descentralización desarrollado en nuestro país.

Además, todas las investigaciones han demostrado que los que más tienen son los que acaparan los beneficios de la gratuidad. En contrapartida, los más pobres, los más excluidos, por sus capacidades y oportunidades muy restringidas, ni siquiera acceden a la información, aumentando la brecha de las desigualdades. Esto es aún mucho más evidente en situaciones como la nuestra de marcada ineficiencia pública, debilidad institucional y falta de respeto a la legalidad.

Creo que hoy, en las condiciones en que nos encontramos, la gratuidad de los servicios es insostenible y no sustentable. Más aún en un país donde no sobran recursos y donde no se generan grandes beneficios que puedan subvencionar otros proyectos sociales gracias a las intervenciones correctas.

Hoy nuestra realidad es la de establecimientos que subsisten en medio de carencias extremas, desabastecidos de insumos y medicamentos, con insuficiente cantidad de personal sanitario, no comprometido con las tareas de promoción y educación para la salud, inequitativamente distribuido o deficientemente gerenciado y no optimizado.

En este contexto, nuestras necesidades nos obligan a enfocarnos en la toma de decisiones sobre cuestiones mucho más consistentes y aplicables, lo que lamentablemente no lo percibo.
Al augurar que el futuro público nos depare prácticas de toma de decisiones “basadas en la evidencia”, creo que deberíamos hacer el esfuerzo de arbitrar medidas para que a través de estrategias focalizadas, anteponiendo criterios de equidad más que de igualdad, aseguremos que el pobre no sea desatendido y pueda acceder a los servicios de salud, no sólo para la recuperación de su salud, sino para insistir en la prevención.

En términos sociales, las necesidades están bien marcadas. Lo primero y urgente es la situación sanitaria de la franja más desprotegida. Los primeros recursos son para la gente más pobre. Eso está muy claro. Necesitamos focalizar con pragmatismo de una manera eficiente y contundente.