Dr. Carlos Rodríguez.

“La salud no tiene precio” dice el saber popular y el dicho se pone a prueba cuando la enfermedad se hace presente y queremos recuperar la salud.

En nuestro país enfermar y ser pobre –o ser pobre y enfermar- supone una prueba más cruel que el hecho de por sí difícil de padecer una enfermedad. Actualmente, el 80% de la población depende del sistema público para la atención de su salud, y de eso se estima que un 40% está excluida del sistema sanitario público por una serie de barreras, siendo la económica la más importante, debido a lo que el paciente o sus familiares deben pagar para recibir su tratamiento. Además, el Paraguay tiene uno de los más altos gastos de bolsillo per cápita de la región, situación particularmente grave en un país con malos indicadores sociales y económicos.

Y justamente, cuando más compatriotas están por debajo de la línea de pobreza, la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso, aumentar la cobertura y mejorar la calidad es mucho mayor. Para lograr esto, el Estado dispone de una herramienta fundamental: el Presupuesto General de Gastos.

En los dos últimos años, el Ministerio de Salud se benefició con un incremento histórico en su presupuesto, el cual casi se duplicó y actualmente equivale a 240 millones de dólares. Los gremios de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud tuvieron un rol descollante para que estos incrementos se destinen a la compra de medicamentos, insumos hospitalarios, mantenimiento de equipos y de tecnología.

Pero a diario, nos enteramos por la prensa, y también por experiencia directa, que en los centros asistenciales públicos continúa el desabastecimiento, “pero será superado en breve, pues los procesos licitatorios están por concluir y la ejecución presupuestaria será elevada” explicaron a los medios las autoridades del Ministerio de Salud.

El tema es que el año también está por concluir. La gente se enferma todos los días, las enfermedades no tienen calendario, ni consideración para presentarse y por supuesto, la gente no tiene forma de hacer coincidir su enfermedad con el momento en que la ejecución presupuestaria es óptima.

En los meses precedentes, la ejecución de los rubros de medicamentos e insumos fue bajísima, inclusive próxima a cero. Y el desabastecimiento fue una constante durante 9 meses. Eso quiere decir que aunque médicos y enfermeras, bioquímicos y radiólogos estuvieron en sus puestos de trabajo, los pacientes han sufrido retrasos en sus diagnósticos y tratamientos, pues la medicina requiere, además del conocimiento de estos profesionales, la disponibilidad permanente de reactivos, medicamentos y demás suministros para una atención integral.

La sola asignación de más recursos financieros de por sí no contribuye a mejorar la prestación de servicios. La ejecución presupuestaria debe ser oportuna y eficiente, y acompañar las necesidades de los establecimientos, que realmente son las necesidades de los pacientes.
Una enfermedad grave se debe diagnosticar y resolver en el momento que se presenta. El retraso en actuar inexorablemente determina daños mayores, quizás irreversibles, incapacidad permanente y hasta la muerte. Que estas situaciones persistan, en medio de la más alta disponibilidad presupuestaria conocida en el Ministerio de Salud, es a todas luces patético.

Alcanzar una ejecución presupuestaria cercana al 90% para el 31 de diciembre, puede resultar un indicador muy meritorio desde una perspectiva meramente cuantitativa, pero más significativo desde todo punto de vista es que cada mes, desde el primero al último, se alcance la máxima ejecución posible, y que esta ejecución se traduzca en adquisiciones de los insumos que realmente necesitan los establecimientos y los pacientes, en cantidad y calidad, que los productos adquiridos estén disponibles a lo largo del año y que sean utilizados por las personas que los necesitan, cuando y donde los necesitan. Sólo así se habrá dado realmente un paso adelante.