Paso a paso. Es la manera en que plantea el Ministerio de Salud Pública implementar un sistema que garantice la gratuidad de la atención sanitaria. Servicios de salud de calidad para todos y no sólo para el que pueda pagar. Pero ¿cómo implementarlo?

El ente rector sanitario ha ido extendiendo la franja de consultas gratuitas en forma paulatina. Hasta el 2004, tanto niños como adultos, hombres y mujeres, debían pagar 5.000 guaraníes por una consulta médica. La primera medida de cambio se tomó a mediados de ese año, al exonerar el arancel de las consultas para las embarazadas, así como a menores de 5 años. Meses después, esta disposición se amplió a los menores de 10. Más recientemente, el pasado mayo, las autoridades ministeriales resolvieron incrementar aún más la franja etárea de la atención gratuita. Desde el 21 de mayo de 2007, todos los pacientes pediátricos y los adolescentes menores de 19 años tienen liberado el costo de las consultas y de las internaciones.

Preocupación

Esta propuesta de gratuidad es atractiva para los médicos que están en contacto con los pacientes en hospitales y centros de salud del interior, quienes conocen de cerca las necesidades de la población más humilde. Pero, sin embargo, preocupa seriamente el déficit en infraestructura que persiste en casi todos los servicios.

“La gratuidad es una decisión que va a favor de la población. Aparentemente es algo muy lindo, es lo ideal, pero ¿qué pasa en la práctica? Nosotros no contamos con los recursos necesarios para prestar todos los servicios que la población requiere”, plantea la doctora María del Rocío Aparicio, directora del Hospital Regional de San Pedro.

Preocupa a los responsables que el paciente llegue con necesidad de un tratamiento y que el hospital no esté en condiciones técnicas de ofrecer. “Ahora van a decir que nosotros somos unos mentirosos, porque el Ministerio afirma que todo va a ser gratis, llegan hasta al hospital y nosotros no podemos brindarle los servicios. Primero deberían equipar los hospitales”, afirmó la profesional con clara preocupación.

Una visión similar tuvo el doctor Francisco Guerrero, director regional de Alto Paraná. “Para nosotros es saludable ofrecer la gratuidad, pero eso debe ir acompañado con una fuente de financiación que pueda subsidiar la falta de recursos económicos que va a traer aparejado este programa”, planteó.

Según el Director Regional de Alto Paraná debe definirse previamente cómo se recaudarán los recursos que actualmente provienen del cobro de aranceles, ya sea a través de un aumento del presupuesto general destinado a la Salud Pública o mediante aportes de entidades binacionales como Itaipú y Yacyretá, según su criterio.

Por su parte, el director del Hospital Regional de San Juan Bautista, doctor José María Guerrero, planteó que las gobernaciones y las municipalidades deben asumir parte de la financiación de la atención sanitaria, tal como lo establecen las leyes pero que muchas veces no se cumple. “Hay que replantear este tema, porque la salud no espera y sin recursos no hacemos nada”, remarcó.

En estudio

El mismo director de Servicios de Salud del Ministerio, Carlos María Romero, reconoció que aún no está estudiada la forma en que se financiarán a futuro las exoneraciones de los aranceles. “Vamos a buscar para ver quién puede dar mañana dinero para solventar los gastos de Fuente 30 (recursos propios), que son los ingresos que se recauda cada hospital. De alguna manera vamos a tener que sobrecargar parte de Fuente 10, que es lo que aporta Hacienda. Pero eso ya va a ser una estrategia política, en el sentido de que toda esta problemática que se sucede con la gratuidad alguien tiene que absorber. Este tema todavía no está bien estudiado porque esto es una resolución reciente”, afirmó.

En general existe coincidencia en que se debe tender a un acceso universal y gratuito a la salud, pero es imprescindible que el Ministerio de Salud Pública dote a los establecimientos de toda la infraestructura necesaria tanto en personal como en insumos para responder a la demanda. De lo contrario, solo se están creando falsas expectativas.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconocen que no todos los establecimientos sanitarios disponen de la infraestructura apropiada para cubrir muchos de los servicios.
Sin embargo, aseguran que la clave para dar respuesta a la ciudadanía es derivar a los pacientes a hospitales de mayor complejidad, cuando en sus establecimientos no se les pueda brindar la atención que requieren en ese momento.

“Sabemos muy bien que hay hospitales que no van a dar respuesta a la gratuidad, pero para
eso, entonces, deben derivar a un hospital de mayor complejidad, donde tenemos especialistas que le pueden resolver sus problemas en un instante”, explica al respecto el doctor Carlos María Romero, director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.

El profesional de la cartera sanitaria grafica que el médico que atiende a un paciente y no tiene posibilidad de tratarlo por falta de recursos de algún tipo, debe orientarlo y darle una recomendación por escrito para que ese joven sea recibido fácilmente en cualquier otro servicio de mayor complejidad. “Por ejemplo, yo no puedo ir a Limpio a demandar un tratamiento total porque no hay especialistas ahí. Si (el caso) es de mayor complejidad, lógicamente, se le da una recomendación por escrito, que ese joven no puede ser tratado
de su problema, y se le deriva a otro servicio, para que pueda ser atendido”, asegura.

Esta nueva declaración de gratuidad apunta -según explica el doctor Romero- a que los adolescentes de entre 10 y 19 años demanden servicios de salud en cualquiera de los establecimientos públicos. En esa franja etárea existe un claro déficit en el número de consultas y a través de este incentivo se intenta contrarrestarlo. “Los establecimientos de salud no están desabastecidos en medicamentos, sí están desprovistos de algunos equipos, como electrocardiograma, ecografía y otros medios de diagnóstico, y también de recursos humanos”, reconoce, pero reitera que son estas las necesidades que deben ir cubriéndose mediante un incremento en la inversión estatal para la salud, aumento que tienen previsto solicitar para el año entrante