En diciembre de 2004 decíamos en esta misma columna que cerrábamos un año de logros trascendentes en el campo de la descentralización de los servicios de salud, pues el 12 de julio de ese año se habían firmado en el departamento de Itapúa los primeros cuatro acuerdos, que permitieron a los Consejos Locales de Salud administrar los recursos generados por los establecimientos sanitarios de las comunidades que lideraron esa iniciativa.
Apuntábamos, entonces, que dichos acuerdos abrían prometedoras perspectivas de profundización del proceso de descentralización.

Y así fue. La experiencia se extendió rápidamente a otros departamentos y municipios que suman ya 32 acuerdos de descentralización formalizados y en plena vigencia. A menos de tres años de los primeros pasos, en la actualidad la administración descentralizada de recursos cuenta ya con un marco legal que valida y consolida esa nueva modalidad de gestión de la salud pública. La voluntad política y el perseverante esfuerzo de gobernadores, intendentes y consejos de salud posibilitaron la sanción y promulgación de la Ley 3.007/06, que amplió y modificó la Ley 1.032/96 del Sistema Nacional de Salud.

Los resultados obtenidos y los registros estadísticos demuestran fehacientemente que la descentralización constituye el camino cierto para mejorar las condiciones de salud de las comunidades, principalmente para facilitar el acceso de la población de menores ingresos a la salud y a servicios de mejor calidad.

A pocos meses de cumplirse el período de vigencia de tres años de los primeros acuerdos firmados, el balance es netamente positivo. Ahora, la renovación de los acuerdos crea una oportunidad que no debe ser desaprovechada para capitalizar los logros y superar las limitaciones de los instrumentos convenidos.

El nuevo marco legal y lo aprendido de las experiencias vividas proporcionan una plataforma más sólida para llegar más lejos y más rápido en el camino de la descentralización de la salud, persiguiendo nuevos sueños y los mismos ideales.