La Ley 3.007 es el instrumento jurídico que transfiere a los Consejos Regionales y Locales de Salud el poder de administrar en forma autónoma los recursos institucionales de los centros asistenciales. El hecho de que esta ley haya sido promulgada el 21 de setiembre está cargado de un fuerte simbolismo, y ya dependerá de las propias comunidades y de sus dirigentes que la consagración de esa herramienta legal marque el inicio de una nueva era de florecimiento de la descentralización de la salud.

La promulgación de la Ley 3.007 constituye un gran paso en la modernización del Estado, hacia la real descentralización de los servicios públicos de salud. Pero tampoco se puede perder de vista que la sola aprobación de la misma puede resultar poco trascendente en un país donde el sistema de legalidad es aún débil, donde muchas de las leyes son letra muerta.

Esta ley da a las autoridades locales la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de gestión de la salud pública basado en la administración descentralizada, que sea más eficaz en satisfacer las necesidades de cada comunidad. Al mismo tiempo, administrar los recursos de la comunidad genera una mayor responsabilidad de las organizaciones locales respecto de los resultados de los programas y la calidad de los servicios de salud.

Ahora que la ley está promulgada, la lucha debe continuar para que ella tenga plena vigencia y para que se renueven y amplíen los acuerdos de descentralización firmados entre el Ministerio de Salud Pública y los Consejos Regionales y Locales de Salud que comenzarán a fenecer en julio del próximo año. No se puede dejar de notar con inquietud que durante las dos últimas administraciones del Ministerio de Salud no se ha formalizado ningún nuevo acuerdo de descentralización, ni se ha vuelto a reunir el Consejo Nacional de Salud.

Los dirigentes de las comunidades deben sacar provecho de la nueva ley para acometer metas más ambiciosas y llegar más lejos en sus planes de descentralización de la salud. Pero, al mismo tiempo, deben también seguir exigiendo que las autoridades del gobierno central asuman un compromiso auténtico y manifiesto con la descentralización de la salud, de manera que el proceso no se reduzca a un esfuerzo aislado y unilateral de los gobiernos locales frente a la desidia y la indiferencia de las autoridades nacionales y de la clase política.

La descentralización es una responsabilidad de todos y debe ser construida por todos.