El reconocimiento legal del legítimo derecho de los Consejos Regionales y Locales de Salud de administrar los recursos generados en sus comunidades, constituye un hecho político trascendente que señala un decisivo y promisorio avance de la descentralización de la salud pública en el Paraguay. La promulgación de la Ley 3.007, que modifica y amplía la Ley 1.032 del Sistema Nacional de Salud, es un importante triunfo de las comunidades que desde hace varios años vienen trabajando denodadamente para desarrollar un nuevo modelo de gestión de los servicios de salud, que sea funcional a la democracia participativa y responda de manera más oportuna y efectiva a las necesidades de la gente, en especial de los sectores menos favorecidos de la población.

Hasta ahora se habían dado importantes avances en el proceso de descentralización de la salud, con exitosas experiencias de participación de los miembros de las comunidades en la organización local de los servicios de salud. Pero, a pesar de los notorios resultados beneficiosos, la pervivencia del modelo centralizado de administración representaba una limitación que dificultaba seriamente la profundización de dicho proceso.

Si bien ya se había logrado instalar el imperativo de la descentralización como tema prioritario de la agenda política, todavía el marco jurídico no estaba acondicionado a la nueva realidad que los logros de las comunidades estaban creando. Aunque se trataba de un instrumento jurídico adoptado recientemente, la Ley 1.535 de Administración Financiera del Estado respondía aún al viejo paradigma y obligaba a las unidades asistenciales del interior del país a transferir a la Administración Central del Gobierno la totalidad de los ingresos generados por ellas mismas.

De ahora en más, los Consejos Regionales y Locales de Salud, que tengan firmado acuerdos con el Ministerio de Salud Pública -órgano rector del proceso- podrán disponer de sus recursos propios para mejorar y ampliar los servicios de salud de sus comunidades, adquiriendo de pleno derecho una mayor autonomía administrativa que les permitirá avanzar más rápido que antes en los procesos de descentralización en que están empeñados. Ahora la descentralización de la salud posee la institucionalidad orgánica que necesitaba para alcanzar mayores logros.

Es muy positivo que las instituciones de la democracia hayan dado este gran impulso a la descentralización, que sin duda alguna favorecerá enormemente el acceso de los más pobres a los servicios de salud. Pero también hay que decir que el mérito corresponde principalmente a las comunidades y sus autoridades departamentales y municipales, que lucharon incansable y tenazmente para promover el cambio de la legislación e incidir en la clase política. Gracias a sus esfuerzos, se abren nuevos horizontes la descentralización real.