La descentralización de la salud no está libre de amenazas que pueden enturbiar el proceso y empañar los logros alcanzados. Desde el momento que ella implica una transferencia de poder a órganos locales, y que éstos administran un creciente volumen de recursos económicos, está expuesta a la contaminación de las malas prácticas políticas. Esto es, a la ingerencia de aquellos políticos deshonestos que tratarán de ejercer el control sobre el uso de los fondos en beneficio de intereses particulares, inclusive para fines proselitistas. Los genuinos representantes de la comunidad que llevan adelante la descentralización deben disponerse a preservar la integridad de los procesos de descentralización.

Para protegerla de la politización partidaria que ya ha comenzado a insinuarse en algunas regiones, la descentralización de la salud pública debe buscar amparo en la mayor participación democrática, en la construcción de sistemas que eliminen toda discrecionalidad en el manejo de los fondos y en la exigente rendición de cuentas.

A través de una metódica y eficiente contabilidad hay que asegurar que todos los ingresos y gastos sean debidamente registrados; mediante la confección de manuales de procedimientos se debe garantizar que todos los flujos y usos de dinero se realicen con absoluta transparencia; y los Consejos Locales de Salud deben ejercer una activa vigilancia para cerciorarse de que los recursos sean aplicados única y exclusivamente en beneficio de la comunidad, sin favoritismos ni exclusiones.

Es bien sabido que toda administración de fondos públicos atrae a los políticos oportunistas. Por eso, si la descentralización de la salud quiere constituirse en una herramienta nueva de la gestión pública, que esté solamente al servicio de la comunidad, debe mantenerse como territorio liberado del prebendarismo y del clientelismo políticos, prácticas cotidianas en las organizaciones del Estado.

Por constituir un fenómeno emergente, la descentralización es más vulnerable a la injerencia político-partidaria. Pero, también por ser un proceso nuevo, al mismo tiempo tiene mayor capacidad de desarrollarse de manera eficiente y transparente a través del control social. Ello será posible si construye su propia institucionalidad basada en la participación democrática y en la transparencia administrativa. Desde luego, estos principios comprometen no solamente a los miembros de la comunidad, sino también a las autoridades de las municipalidades, las gobernaciones y los sectores políticos, sociales y gremiales del país.