Los procesos de reforma del Estado exigen el cumplimiento de dos condiciones importantes. La primera de ellas es la voluntad política de los actores que facilite la negociación de los intereses sectoriales que entran en conflicto; y, la segunda, que la propuesta técnica responda realmente a los objetivos buscados y, además, sea viable y sustentable.

Pero en la fase de implementación de los cambios se debe ser muy celoso en promover y propiciar la práctica de valores ciudadanos. No es suficiente la voluntad y la concertación política, ni la simple elaboración de leyes, normas, reglamentos u otras herramientas de gestión. Son imprescindibles acompañar el proceso con la práctica de valores ciudadanos como el liderazgo democrático y el respeto por las demandas y la participación ciudadanas; la honestidad y la transparencia de la gestión pública; la credibilidad de las autoridades y de los funcionarios públicos; la capacidad y la competencia técnica; y, la obligación de la rendición de cuentas, por citar los requisitos más importantes.

Lo que esperamos es “el cambio para cambiar”, para ser mejores, para garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. El Paraguay necesita garantizar el acceso a la salud dentro de un marco de equidad y justicia social. El cambio no puede ser de forma, de apariencia, de fachada. El cambio debe ser de las estructuras, de las relaciones y de la conducta de sus protagonistas. Sólo así avanzaremos hacia un país mejor.

Estamos viviendo un proceso de afianzamiento de la descentralización de la salud en el Paraguay, las experiencias piloto están consolidándose día a día. Todos los sectores reclaman un marco jurídico que la reglamente definitivamente, que establezca las competencias y los procedimientos, que indudablemente son necesarios. Pero sabemos que el verdadero proceso de descentralización será consolidado solo cuando logremos internalizar las actitudes y las conductas ciudadanas del cambio; es decir: trabajar honestamente, respetar los valores democráticos, optar por la competencia y la idoneidad, y asumir la rendición de cuentas de la gestión pública.