Lic. Rubén Gaete

A fin de garantizar el acceso universal, equitativo y con criterios de calidad a la salud, las rectorías de los Ministerios de Salud deben comprender de manera efectiva las competencias que le son propias e indelegables en materia de conducción sectorial, regulación y desarrollo de las funciones esenciales de salud pública, las cuales están vinculadas al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, tales como financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios.

En los últimos años, ha ido adquiriendo impulso en América Latina la premisa de encontrar soluciones a los problemas de salud de la población bajo esquemas de aseguramiento público desarrollados desde los Ministerios de Salud, los cuales están orientados a la población no derechohabiente de la seguridad social.

La construcción de un seguro público implica modular los siguientes procesos: (a) Desarrollo técnico de la propuesta, (b) Reorganización institucional del MSPyBS en base a la separación de funciones que conlleva un seguro público, (c) Generación de espacios de factibilidad política, (d) Participación de los afectados (stakeholders). Este último punto es importante, pues quienes participan en el diseño de la propuesta es más importante que la propuesta técnica misma, si se analizan aquellos seguros que realmente se implementaron y no quedaron simplemente como propuestas técnicas.

En el marco de los mencionados procesos, se deberán enfrentar diversos desafíos, los cuales incluyen desafíos económicos, y dentro de esta última categoría se incluyen los financieros.

Refiriéndonos puntualmente a los desafíos financieros podríamos decir que estos pueden ser planteados de forma sintética a través de tres interrogantes:

(a)	¿Qué volumen de recursos requieren los seguros públicos? La amplitud de los recursos que un país destina a la salud esta condicionado fundamentalmente por el tamaño de la economía y las posibilidades de recaudación, y de la amplitud del paquete básico de servicios. Cabe mencionar que el volumen total de recursos finalmente determina la amplitud real del paquete.
(b)	¿Cuáles son las posibles fuentes de financiamiento? Aquí es importante señalar lo que esta expresado en “Las Cuentas de Salud – Paraguay 2003”, que aunque el gasto total en salud se esta expandiendo, el gasto privado es la porción más importante, representando el 65% del total del gasto del sector salud, dentro del cual se observa que el gasto de bolsillo se ha incrementado enormemente y, como se sabe, a mayor gasto de bolsillo, mayor inequidad. Si se recurren a fondos públicos, ¿Es necesaria una reforma tributaria para implementar un seguro de salud? ¿Qué impacto fiscal tendría?
(c)	¿Cómo asignar los recursos? Es importante señalar que los resultados de salud serán en función de la participación de los distintos niveles de atención en la asignación de recursos. En la medida en que pueda priorizarse la promoción, la prevención y la atención primaria (aquí se incluyen las prestaciones que caen bajo la definición de bienes públicos), se logrará resultados sanitarios a costos menores. Otro aspecto es la posibilidad de incorporar un esquema de financiamiento de los servicios públicos vinculados a la demanda. Esta premisa admite varias posibilidades, desde el extremo de presupuesto fijo garantizado (financiamiento de la oferta) a un pago asociado al volumen de servicios brindados. Esto último implica vincular la asignación de recursos al logro de metas y resultados concretos.

Finalmente podría expresarse que en un contexto general, las políticas que desarrollen los seguros públicos deben ser la expresión del conjunto de valores y principios de una sociedad que orientan las acciones y determinan la asignación de recursos.

Desde esta perspectiva es razonable sostener que un seguro público de salud debe tener como misión fundamental el ampliar y mejorar el acceso de los beneficiarios a un conjunto de prestaciones (paquete de servicios) de manera solidaria y equitativa.