Lic. Rubén Gaete

La salud es reconocida universalmente como un derecho básico de todas las personas y como un importante factor para el desarrollo social y económico de las sociedades en el largo plazo. Es, así mismo, uno de los indicadores en los que se sintetiza el grado de bienestar alcanzado.

En el Paraguay, a pesar del derecho de los ciudadanos de acceder a un nivel básico de protección de salud; y los esfuerzos e inversión en tiempo, recursos humanos y financieros de la última década en el sistema de salud, los problemas de acceso a los servicios básicos son parte de la realidad cotidiana de muchas familias, especialmente las más pobres y vulnerables.

Una de las causas de los problemas de acceso a los servicios es la baja cobertura de los mismos, especialmente los básicos, incluyendo los programas de inmunizaciones, de planificación familiar, y los servicios de atención al embarazo, parto y puerperio; y se deben en parte, a la insuficiente asignación de recursos para financiar dichos programas y servicios.

Para ampliar el acceso a los servicios a toda la población, una de las preguntas es como estructurar el financiamiento y la prestación o provisión de los servicios de salud.
Para intentar una respuesta, se puede decir que por el lado del Financiamiento, no se trata de determinar de donde provendrá el dinero para los servicios de salud, sino más bien de puntualizar cuán amplio debe ser el marco de política para poder incrementar los recursos que posibiliten la salud para todos. Esos recursos deben provenir de las personas, de las familias, comunidades, los municipios, las gobernaciones, y por supuesto, del gobierno central. Esto no es un sueño político o social, sino un desafío económico.

En nuestro país, la implementación de modelos alternativos de Financiamiento de programas de salud básicos a nivel local, en un esquema de coordinación y complementación de recursos entre el Ministerio de Salud Pública, los gobiernos municipales y departamentales, y la sociedad civil organizada constituye una opción que puede ampliar las posibilidades de las personas para acceder a los servicios de salud, y posibilita a su vez avanzar en el proceso de descentralización, pues desarrolla capacidades de los niveles locales para participar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los programas y servicios de salud.

En ese sentido, una de las formas de desarrollar alternativas financieras, es un esquema de seguro local de salud, que consiste en un sistema de pago periódico por parte de las familias de un pequeño monto de dinero (prima) para acceder a determinadas prestaciones y servicios de salud, y cuyo excedente contribuye a financiar los servicios esenciales a toda la población.

Conceptualmente, la función de aseguramiento implica:

- Definir la población beneficiaria
- Determinar las prestaciones a brindar (y prestarlas efectivamente y no solo prometer)
- Ajustar prima y riesgo (risk pooling): establecer monto de los aportes y las coberturas
- Captar y administrar recursos (establecer organismo que cumpla función financiadora)
- Compra de servicios (mecanismo de pago a proveedores)

En América Latina se suele llamar seguro a cosas que no son seguros, sino más bien son estrategias de ampliar cobertura con aportes adicionales de municipios, provincias, gobernaciones, comunidad en general.