La Cuarta Jornada de Derecho Judicial, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con el apoyo de diversas organizaciones no gubernamentales, expuso iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que fomentan la participación ciudadana y dan un ejemplo claro en cuanto a acceso real a la Justicia, donde los beneficiarios son los sectores más necesitados del país.
Por Nadia Villalba y Verónica Gauto
El Tribunal, con los abogados de traje, y largas filas, no es el único que representa al sistema de Justicia. En Paraguay existen también comisiones vecinales, promotores de justicia, mediadores de conflictos, grupos juveniles que voluntariamente trabajan para que en su comunidad se entienda y llegue hasta la Justicia. Un concepto que rompe paradigmas y soluciona los conflictos de manera práctica a la gente.
En San Pedro, uno de los depar-tamentos caracterizados por ser “el más pobre” o “peligroso”, según la imagen proyectada en los medios de prensa, también existe, por ejemplo, una Casa de Justicia, experiencias de presupuestos participativos, mediadores donde la mayoría de los protagonistas son mujeres.
Una de las iniciativas es la Casa de la Justicia, conocida también como el “Centro Abriendo Puertas” de San Pedro, que consiste en un servicio de gestión de conflictos donde la ciudadanía puede canalizar y derivar con asistencia las necesidades de la comunidad, trabajando juntamente con instituciones públicas y organizaciones sociales del municipio.
Cuando una persona llega al Centro Abriendo Puertas a buscar la solución de un conflicto, ya sea de carácter personal o comunitario, se analiza la situación y se ven las formas de resolverlo, ya sea derivando el caso a la institución que corresponde o utilizando los medios alternativos de resolución de conflictos. En todo este proceso las personas reciben acompañamiento y orientación. El servicio es gratuito y cualquier persona puede acceder al mismo. Además, cuenta con una red de mediadores sociales que han sido formados para ayu-dar a resolver pacíficamente los problemas en su comunidad.
“El acceso a la Justicia es principio
y condición esencial del Estado de derecho”
La Dra. María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), expresó durante la Jornada de Derecho Judicial que donde existen espacios que el Estado no puede cubrir, las organizaciones llegan.
“Mientras el Estado se organiza para proveer a la comunidad de San Pedro justicia, la sociedad civil estamos ayudando a solucionar conflictos a través de la conformación de las Casas de Justicia. Estas experiencias se llevan a cabo con mujeres de asentamientos campesinos, de comunidades vecinales, que además de los problemas de exclusión y pobreza que tienen, todavía dedican tiempo para colaborar y aportar algo para su comunidad; por eso el valor es doblemente importante, porque son personas que están viviendo en la pobreza o la extrema pobreza, pero están decididas a construir una sociedad más digna Y menos conflictiva para sus hijos.
“El ejercicio de la ciudadanía, con sus derechos y garantías, pasa a ser formal e ilusorio privilegio solo para algunos, cuando los mecanismos de justicia no existen o no funcionan adecuadamente. La ineficacia debilita la confianza y se traduce en el aumento de la conflictividad social, en la pérdida de credibilidad y de legitimación hacia las autoridades y hacia la institucionalidad, afectando la convivencia pacífica, el orden público y la gobernabilidad democrática”.
Rivas señaló que la insuficiencia en el acceso y el ejercicio de los derechos contribuye directamente al empobrecimiento de las personas, situaciones cotidianas como los conflictos de vecindad o de familia, al no existir mecanismos eficaces al alcance de la persona, se transforman en problemas mayores que bloquean el acceso y el ejercicio de los más pobres a sus derechos y al disfrute de oportunidades sociales.
Finalmente, destacó que la relación entre la falta o deficiente acceso a la justicia y la generación y agravación de condiciones de pobreza y discriminación, se ha constatado y calificado como una dramática y escandalosa realidad. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben poder conocer y ejercer sus derechos y asegurar que sus conflictos sean solucionados eficaz y oportunamente.
EXPERIENCIAS LLEVADAS A CABO EN NUESTRO PAÍS:
PROMOTORES Y PROMOTORAS BARRIALES DE JUSTICIA
En las comunidades del Bañado Sur, Bañado Tacumbú, Zeballos Cue, barrio Chacarita, Tablada y Trinidad, los mismos lugareños se convirtieron en promotores y promotoras de justicia. Con ayuda de voluntarios legales lograron, a partir de una clínica legal móvil, llegar a los sectores más pobres y sin acceso a la Justicia. El proyecto fue impulsado por el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica (CIDSEP).
Los promotores nacieron a partir de talleres en temas de derecho organizados por el CIDSEP y a partir de allí se dedicaron a expandir lo aprendido, acercando a las personas conocimientos básicos acerca de cómo atender sus casos judiciales. A base de las consultas jurídicas se instaló la clínica móvil de atención a casos, donde abogados voluntarios y estudiantes de derecho se trasladaron a los barrios a evacuar consultas de la gente, siendo las mismas preguntas y casos acercados por los promotores y promotoras, referentes ya de su comunidad.
Obras de teatro, periódicos barriales y programas en radios comunitarias fueron los medios utilizados por los promotores para comunicar la importancia del acceso a la justicia y la necesidad de sus comunidades en resolver conflictos. El proyecto, que duró dos años, permitió que hoy quede una red de promotores que conoce cómo funciona el sistema de justicia que trabaja por los derechos de su comunidad.
ESPACIOS UNIVERSITARIOS
DE PRÁCTICA JUDICIAL
Estudiantes de la Universidad Columbia dedicados a analizar casos judiciales de derechos humanos forman parte de la clínica jurídica, nuevo modelo del sistema universitario paraguayo. Desde la academia los alumnos identifican casos paradigmáticos, de interés público, y proponen un análisis legal, ejercitándose en materia de derecho.
“Con esta metodología se busca instalar una nueva cultura jurídica construida desde la universidad. Se apunta a un nuevo perfil de profesionales abogados que incorporan nuevas herramientas para mediar el lenguaje jurídico y social”, resalta Yeny Villalba, profesora y coordinadora de la Clínica Jurídica en la Universidad Columbia.
CONSULTORIOS JURÍDICOS BARRIALES:
FORMARSE Y ORGANIZARSE PARA INCIDIR
Veinticinco personas de los barrios San Francisco, San José Obrero, Cerrito y otras comunidades de Fernando de la Mora, zona Sur, culminaron exitosamente el curso “Derechos básicos y estrategias de exigibilidad” impulsado por Semillas para la Democracia. La serie de talleres fueron desarrollados entre los meses de abril y septiembre de 2009 y proporcionaron herramientas e información que permitan exigir los derechos, “desde una perspectiva sencilla, sin tantos tecnicismos”, según la abogada Mirta Moragas, coordinadora y facilitadora del curso.
Asimismo, temas como violencia doméstica, derechos de la niñez y adolescencia, funcionamiento de las instituciones públicas, derecho y proceso penal, fueron compilados en un material denominado: “Del revés, al derecho” destinado a los participantes.
MUJERES LÍDERES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
Utilizando el “chisme” como modo de correr la voz entre mujeres para proteger a sus familias, en Fernando de la Mora, zona Sur, nació el grupo “Las Chismosas”, señoras que se juntaron para defender a sus hijos de acusaciones judiciales por diferentes conflictos. A base de una capacitación emprendida por la organización Semillas para la Democracia, buscaron entender sus propias situaciones dentro del proceso penal.
A partir de los cursos, donde enfocaron temas importantes para la comunidad como niñez y adolescencia, el régimen de trabajo doméstico, violencia doméstica, etc., se instalaron consultorios de atención primaria y derivación de casos en la comunidad. El empoderamiento de las mujeres en el proceso de acceso a la justicia sigue siendo un logro de esta iniciativa, que aún es perpetuada en la comunidad. |
OPINIONES:
“REFORZAR LO QUE YA ESTÁ INSTALADO”
Rigoberto Zarza
“Si queremos realmente cumplir lo que dice la Constitución Nacional y garantizar seguridad jurídica, no solamente de los que viven en la ciudad, sino también los de tierra adentro, se necesita reforzar lo que ahora ya está instalado, que es un programa de facilitadores judiciales que son más de 600, de los cuales un gran porcentaje son mujeres, electos por su comunidad; estos han dicho al Poder Judicial: ‘Aquí estamos para colaborar para que las familias paraguayas tengan justicia’”.
“PARTICIPACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS”
Livia Cardozo
"Los conflictos se resuelven con la participación de la gente. La red de mediadores, por ejemplo, lleva el servicio a su asentamiento o en la ciudad. Con esta experiencia se han beneficiado a 300 familias en tan solo cuatro meses, eso es algo que rescatar".
“ESTOY DISPUESTA A SER VOLUNTARIA
EN MI COMUNIDAD” Felipa Melgarejo. Promotora barrial
de justicia y de salud. Luque.
"Siempre participo y en mi comunidad trato de ayudar a la gente insolvente que no tienen documentos, por ejemplo. Yo estoy dispuesta para ser voluntaria para lo que se necesite".
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Contactos:
Centro de Estudios Judiciales - CEJ
Tel.: (021) 420-182 / 482-692
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