La gobernabilidad democrática implica el respeto a las instituciones básicas de la república y además el ejercicio continuado del diálogo y de la discusión objetiva como condición.

Instalar esa institucionalidad, desde 1989 hasta ahora, es y seguirá siendo una tarea difícil y constante y muchas veces frustrante. No hemos logrado que las nuevas instituciones sean respetadas ni por las élites, ni por los ciudadanos en general, ni por la clase política completamente, ni por los que están en el tercer sector. Seguimos siendo un país de institucionalidad frágil porque no respetamos totalmente las instituciones y porque nuestro comportamiento no corresponde a lo que nuestras instituciones ordenan.

Pero, además, aparte de las instituciones, nuestra democracia es también un gobierno por discusión. Es decir, la institucionalidad no es algo rígido, una especie de mapa o plano arquitectónico, sino que también la democracia es un gobierno por discusión; como diálogo, como discurso y como conversación, y en esta perspectiva no nos fijamos tanto en las instituciones formales, sino que observamos nuestra capacidad de discusión objetiva.

La sociedad civil está llamada a crear espacios de diálogo, evitando la estéril confrontación y promoviendo espacios en los que se pueda plantear la búsqueda del bien común sin prejuicios. Donde la discusión sobre la democracia y el desarrollo social sea un tema que involucre a todos, sin exclusión: campesinos, empresarios, autoridades, organizaciones sociales... En fin, todas aquellas personas, acordes con el lenguaje de las festividades de fin de año, de “buena voluntad”.