El Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública fue invitado a participar del seminario “Libertad de prensa, acceso a la información y empoderamiento ciudadano”, organizado por la UNESCO y la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo.

En el evento, Juan Carlos Pane, abogado, comentó la situación actual del acceso a la información pública en América Latina. Mencionó que desde 1998, 81 países han promulgado leyes de acceso a la información o han introducido reformas a las mismas. En América del Sur solo faltan Argentina, Brasil, Bolivia, Guyana, Surinam, Paraguay y Venezuela. Colombia, por ejemplo, tiene una ley de acceso desde 1888 y el presidente brasileño, Lula da Silva, ya envió un proyecto al Congreso de su país.

Durante la presentación, Diana Aranda, comunicadora del CIRD y moderadora del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, habló de los beneficios del acceso a la información. Explicó que al simplificar la obtención de datos sobre cómo se administran los recursos del Estado una ley de acceso ayudaría a combatir la corrupción y a facilitar un control social de los recursos públicos, contribuyendo de esta manera a generar un sentimiento de confianza y bienestar en la población. También es beneficiosa para la prensa ya que incentiva el periodismo de investigación. Mediante el estudio de documentación disponible los periodistas pueden respaldar la información conseguida por otros medios (entrevistas, testimonios y versiones), lo que a la larga resulta en un periodismo más responsable y comprometido con la ciudadanía.

“El mayor capital económico que tienen hoy nuestros países es una ciudadanía vigilante y activa”

El periodista y abogado Benjamín Fernández Bogado, experto en derecho a la información, quien está radicado en México actualmente, habló sobre la importancia de la introducción de leyes de acceso en el mundo. Cree que este tipo de legislación vuelve al Estado más transparente y confiable, lo que se traduce en una relación más sincera entre gobernantes y gobernados. “El mayor capital económico que tienen hoy nuestros países es una ciudadanía vigilante y activa en el sistema democrático. A todos nos conviene que exista una ley que nos permita acceder a la información y así mejorar la calidad de la participación. Al Estado, a los periodistas, a los empresarios y a todos los ciudadanos en general nos conviene que se consagre este derecho”, recalcó.

El Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública se constituyó en 2003 y se encuentra integrado por organizaciones interesadas en promover el derecho de acceso a la información y elaborar –con participación de la ciudadanía– un proyecto de ley de “libre acceso a la información pública”.

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