El Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI) está en etapa de gestión, por lo que ha venido realizando reuniones con el fin de promover un nuevo anteproyecto de ley de libre acceso a la información pública y llevarla al Congreso lo antes posible.

Desde el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con el apoyo del World Resources Institute, pretendemos reimpulsar el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública para intentar, una vez más, tener una ley de acceso a la información pública en el Paraguay.

El derecho a la información pública es ampliamente aceptado como un derecho fundamental y ya reconocido en numerosas legislaciones internacionales. Este derecho se constituye en un factor crítico en el proceso de profundización de las democracias, haciendo efectiva la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Adicionalmente, su instauración contribuye a facilitar la disminución de la corrupción, mejorar la calidad del Gobierno y de la democracia; propende al buen uso de los recursos públicos, facilita la toma de decisiones e incrementa su calidad. Todo esto mejora la calidad de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos y contribuye a la mayor fluidez de los procedimientos burocráticos y administrativos.

El pasado viernes 3 de abril visitaron Asunción, en un viaje relámpago, Moisés Sánchez, abogado y director ejecutivo de Pro Acceso de Chile; Edison Lanza, periodista, abogado y director de CAInfo de Uruguay, y Karina Banfi, coordinadora de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información (www.alianzaregional.org) por la Fundación para las Américas de la OEA. La versión del anteproyecto incluye las sugerencias realizadas por algunos integrantes del Grupo y de los expertos Moisés Sánchez, Edison Lanza y Karina Banfi.

De aquella experiencia del 2006 en la que hemos intentado tener una ley de libre acceso a la información pública, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y rechazada por Senadores, hemos tratado de recoger lo mejor del proyecto ese y también atender los reparos que en su momento se le hicieron. Asimismo, hemos buscado apoyo en la experiencia de países latinoamericanos como México, Chile y Uruguay.