Tres integrantes de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información (www.alianzaregional.org) visitaron Paraguay con el propósito de prestar asistencia técnica para complementar el anteproyecto de ley de acceso a la información pública elaborado por integrantes del Grupo Impulsor de Acceso a la Información e impulsado por IDEA.

Moisés Sánchez, abogado y director ejecutivo de Pro Acceso de Chile; Edison Lanza, periodista y abogado uruguayo, y Karina Banfi, coordinadora de la Alianza Regional por la Fundación para las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los especialistas en información pública vinieron a interiorizarse sobre el caso Vargas Téllez. Los integrantes de la Alianza se presentarán como Amicus Curiae ante la Corte Suprema y presentar en sociedad a la Alianza.

IDEAelaboró un afiche con detalles del caso Vargas Téllez, que fue presentado ante periodistas de la Corte Suprema de Justicia. El material visual habla sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública y de la trascendencia que tendría una decisión de la Corte Suprema sobre el tema.

Moisés Sánchez es chileno, abogado y director ejecutivo de Pro Acceso (www.proacceso.cl). Pro Acceso y él mismo fueron quienes llevaron adelante (y ganaron) el caso Claude Reyes vs. Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; este fue el primer caso sobre acceso a la información pública que decidió la CIDH (septiembre, 2006).

Pro Acceso también redactó el proyecto de ley de acceso a la información pública de Chile e impulsó muy activamente su aprobación. La ley fue sancionada y promulgada en agosto de 2008. Edison es uruguayo, periodista y abogado. Fue uno de los principales redactores y promotores del proyecto de ley de acceso a la información que se convirtió en ley en noviembre de 2008. En Uruguay se organizaron en una coalición de organizaciones llamada Grupo Archivos y Acceso a la Información.

Karina Banfi es coordinadora de la Alianza Regional por la Fundación para las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde ese lugar ha coordinado las acciones regionales de las organizaciones de la sociedad civil que promueven el acceso a la información pública en América Latina. La misma coordinó las acciones en el caso Claude Reyes y ha estado prestando asistencia técnica en los procesos de Chile y Uruguay.