Este año va cerrando con varios hechos que motivaron en la ciudadanía reacciones diversas. Resulta que la violencia estatal ha estado tan a la orden del día que los ciudadanos ya no admiten tanta provocación pública. Nos referimos por ejemplo al rechazo, por parte de la Cámara de Senadores de la ley de acceso a la información pública, sin propuesta alternativa y sin rubores la mandaron al papelero.

Luego la violenta manipulación constitucional de mano del Presidente de la República para ejercer un cargo ilegítimo, la titularidad de la Junta de Gobierno, lo que suscitó una movilización ciudadana de miles de personas exigiendo el respeto de la Carta Magna. Lo que se denominó el “marzo ciudadano”, no fue un grito a favor de la anarquía si no en pro de la institucionalidad del país y el rechazo a la impúdica violencia estatal.

Más adelante otro nuevo hecho sacude a la población, el fiscal Arnaldo Giuzzio imputa al Presidente de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. Se solicita el desafuero del parlamentario y otra vez la pública y descarada violencia estatal es la respuesta. Rechazan el desafuero del titular de la Cámara de Diputados, y éste continúa con su tarea parlamentaria.

Podríamos citar muchos más desmanes estatales como: el maridaje entre miembros de la Corte y legisladores como Juan Carlos “Calé” Galaverna, las sospechosas cesiones de Itaipú para la publicitaria vinculada con el Presidente Nicanor, o la ineficiencia estatal que impulsa la diáspora de paraguayos en busca de empleo, dejando atrás su tierra y familia. Pero la gota que colmó el vaso fue la violencia desatada contra los familiares de las víctimas del Ycuá Bolaños. Luego de que 400 personas se consumieran vivas en un incendio, a la vista de todos, sin posibilidad de ingreso para rescatarlas, se inicia un vía crucis judicial para sus familiares y todos los paraguayos. Que finaliza con la casi venia de los imputados, en un cuestionado fallo judicial que “no se compadece con la magnitud de lo sucedido”, según las expresiones de los familiares. Parientes de las víctimas y con ellos diversos sectores de la sociedad reaccionan ante la nueva violencia, esta vez judicial.

Es que a los ciudadanos se les exige respetar las leyes, mientras el Estado hace de las instituciones una máscara para justificar su escalada de violencia. Los ciudadanos tal como describe la encuesta sobre Cultura Democrática , ya no resisten a tanta provocación y empiezan a desarrollar diversos mecanismos para demostrar que no aceptarán vivir en un país donde las instituciones promueven la impunidad y no la justicia. Ojalá sepamos encontrar medios pacíficos para evitar tanta violencia y provocación estatal y asegurar que las instituciones favorezcan la convivencia democrática y no el caos.