Javier
Casas, abogado y periodista del Instituto Prensa
y Sociedad del Perú (IPYS), admitió
estar gratamente sorprendido al descubrir que un
grupo cultural amplio está promoviendo la
Ley de Acceso a la Información Pública
en el Paraguay, porque en su país ocurrió
todo lo contrario y las consecuencias no están
siendo muy positivas.
"El IPYS se enteró, a través
de los diarios, que el Consejo de la Prensa Peruana,
CPP (organización conformada por los dueños
de los medios de comunicación) había
organizado en Arequipa un encuentro internacional
entre las organizaciones internacionales más
prestigiosas que defienden y promueven leyes de
acceso de información, y los militares, con
el fin de diseñar una norma sobre secreto
y seguridad nacional".
A esta reunión no fueron invitados ni el
IPYS ni otras Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSCs).
Como los resultados fueron difundidos a través
de la prensa, el Congreso peruano inició
un trabajo parlamentario para elaborar el proyecto
de ley de Acceso a la Información Pública.
Nuevamente ningún representante de la sociedad
civil fue invitado a participar de ese proceso,
pero Casas fue al Congreso por iniciativa propia.
Explicó que la congresista encargada del
proyecto de ley le dijo que "era la primera
persona que se acercaba a expresar su interés
por la ley, cuando yo pensé que habría
muchísimos interesados".
Fue así como la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Perú
fue debatida en el momento de su elaboración
sólo por dos organizaciones civiles peruanas
(el CPP y el IPYS), por la Defensoría del
Pueblo y por el Centro Carter. "La falta de
interés de la ciudadanía en desarrollar
esta ley es el fiel reflejo de la falta de interés
general que existe en nuestro país sobre
el tema de la transparencia", sentenció
Casas.
El peruano dijo que en la práctica se han
ido dado cuenta de los errores y las deficiencias
de la ley, que quizás con el aporte de otras
instituciones en el proceso de elaboración
se podrían haber evitado. Procedimiento
contencioso
Desde el momento que la ley fue aprobada, el IPYS
la pone a prueba pidiendo permanentemente información
al Estado. "Pero el procedimiento que establece
la ley peruana es equiparado al procedimiento
administrativo general que es contencioso.
Por ejemplo, si un ciudadano pide información
a la entidad pública, ésta va a
decidir si se la da o no. Si la respuesta es negativa,
el interesado tiene derecho a apelar para revertir
una primera decisión administrativa".
En la práctica, según Casas, esto
hizo que el procedimiento peruano de acceso a
la información sea engorroso y se desnaturalice,
porque al pasar al área legal es imposible
cumplir con el plazo establecido de entrega de
la información (17 días hábiles).
"Paradójicamente ha sido una comisión
de abogados la que, trabajando con un perfil bajo
durante cuatro años, mejoró la situación
al publicar el nuevo Código Procesal Constitucional
que regula y moderniza los procedimientos de Habeas
Data, Habeas Corpus, Acción de Amparo,
Garantías Constitucionales y reduce el
plazo de entrega de la información pública
a diez días hábiles".
Tapa
salidas ilegítimas
Casas señaló que a veces el Estado
quiere brindar información, pero no puede
porque tiene un pésimo archivo. "Además,
cada oficina de cada entidad pública tiene
su propia manera de producir información.
Nada de esto se ha diseñado en el Perú
y nadie dentro del Estado está pensando
en hacerlo. Sólo tenemos una Ley".
El IPYS, mediante un convenio de cooperación
firmado recientemente, monitoreará el proceso
de transformación y modernización
de una entidad pública peruana dispuesta
a adecuarse a la Ley de Acceso a la Información
Pública, trabajo que durará aproximadamente
un año.
"El Estado ya debería haber previsto
esta capacitación desde que se aprobó
la ley. Pero no se les ocurre cómo, lo
único que saben es que tienen que contratar
a un funcionario responsable de entregar la información,
que como tiene muchas otras cosas que atender
no tiene tiempo para las solicitudes de la ciudadanía".
A pesar de las dificultades, Casas está
convencido de que la ley es una herramienta para
señalarle al Estado por dónde debe
caminar, sin desviarse. "Es muy importante
porque puede marcar el camino y tapar al Estado
las salidas absurdas e ilegítimas, con
las que a veces se intenta cumplir con su obligación
cuando la ciudadanía ejerce su derecho". |
