Agustín Carrizosa (Presidente ejecutivo del CIRD)

Últimamente aparecen en los medio diversos comentarios, cuestionamientos y hasta críticas, algunas veces justificadas y otras no tanto, provenientes de distintos sectores en relación a las ONGs, OSCs, etc.

En estos comentarios, en general, se nota que no existe un concepto claro de qué son estas organizaciones, cuál es su función, cuál es su responsabilidad, y esto es lógico debido a que bajo estas nomenclaturas se integra una amplia gama de organizaciones privadas, sin fines de lucro que intenta dar respuestas válidas a los problemas sociales pendientes, normalmente desatendidas por el sector público.

Sus características varían de acuerdo a necesidades específicas o al momento en que se han fundado. Bajo los auspicios de la iglesia, como organizaciones de vecinos, o simplemente, como un grupo de técnicos que tienen vocación a la "cosa pública", pero que por las características de nuestro país, y sobretodo a la forma de acceder a la función pública, que todos conocemos, no tienen esa posibilidad de aportar desde el Gobierno y lo hacen desde estas organizaciones, desarrollando diversas funciones en el quehacer comunitario.

Estas entidades como un sector institucional diferenciado distinto del privado comercial y del público estatal reúne una serie de características comunes. Por ejemplo, son un componente de la sociedad civil o de la ciudadanía.

Indiscutiblemente no se les puede atribuir la "representatividad" de ésta, aunque sí, en algunos, casos puede estar representando a algún sector. No defienden intereses privados o corporativos, sino que están más bien comprometidas con lo público, bajo la lógica de la solidaridad, la democracia participativa y la justicia social.

Son organizaciones de estructura formal, localizadas fuera del aparato formal del Estado, sin fines de lucro. Es decir, que no distribuyen dividendos a un conjunto de accionistas, aunque debe obtener recursos para poder implementar sus actividades.

Su financiamiento puede ser privado, como en el caso de recursos provenientes de fundaciones. Pueden ser organizaciones bi o multilaterales, contratación con el mismo Gobierno, o simplemente recaudando donaciones o vendiendo algún servicio.

Los recursos generados por cualquiera de estos mecanismos son para la implementación de los proyectos, y en ningún caso pueden pagarse dividendos, o los bienes gananciales pasar a manos privadas, sino que deben ser utilizados para los mismos fines del proyecto, buscando incrementar su impacto y sostenibilidad.

Normalmente, tampoco pueden utilizarse estos simplemente para generar mayores ingresos a la organización. Además, cuentan con recursos con algún grado significativo de participación voluntaria.

Por ser organizaciones privadas son autogobernadas, mediante reglamentos y procedimientos internos, aprobadas y registradas en el registro público, y además cuentan con responsabilidad pública legal, determinado por el código civil. Se caracterizan por ser esencialmente humanistas en su concepción del desarrollo.

Su intervención en la comunidad, es horizontal en su forma de asociación, buscando comprometer a personas o grupos en un significativo esfuerzo solidario con los sectores más necesitados. Además, por su cercanía con la población, son facilitadores de la participación comunitaria y de la "ciudadanía activa".

Por su protagonismo, cada vez mayor, se ha transformado en un actor clave del desarrollo. Hay una relación directa entre el desarrollo de un país democrático y la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que existen en ese país. No es un dato irrelevante que, por ejemplo, en referencia a los Estados Unidos de mediados del siglo XIX, Alexis de Tocqueville -en su famosa obra La Democracia en América- ya escribiera un capítulo llamado "Del uso que los americanos hacen de las asociaciones en la vida civil".