Usted comentó que hace apenas dos
años nadie conocía el tema del acceso a la información
pública en México, ¿cuál fue el proceso
que recorrido hasta llegar a implementar la ley?
Durante mucho tiempo en nuestro país primó el principio
de que la regla general era el secreto y la excepción era
la apertura informativa de manera discrecional. No había
un estudio ni un análisis riguroso sobre el tema del acceso
a la información pública. Pero a partir del año
2000 se generaron condiciones distintas por la alternancia del
Gobierno y un grupo de académicos pensamos en desarrollar
normas en materia de derecho a información y empezamos
con al acceso a la información pública. Hicimos
una construcción teórica sobre el tema, tuvimos
reuniones con representantes de OSCs, con dueños de medios
de comunicación, con periodistas y con ellos identificamos
los puntos que debería contener una ley de acceso, hicimos
un decálogo, luego un anteproyecto y luego una iniciativa
de ley. Ésta fue negociada con el Gobierno y aunque no
salió exactamente como la planteamos, sí recoge
las partes fundamentales. Vale resaltar que fuimos de la periferia
hacia el centro, trabajando simultáneamente con la ley
nacional y con la de los departamentos.
¿Cómo incorporaron
el tema de acceso en la agenda de la discusión nacional?
Hicimos un trabajo en todo el país apoyados por una nueva
visión de los medios de comunicación impresos sobre
este tema, que le dieron mucho espacio publicando de manera reiterada
notas y artículos de opinión sobre el acceso a la
información pública y puntos de vista de las OSCs
sobre el mismo. Así se fue socializando. También
hubo una masa crítica pequeña con una amplia socialización
de conocimiento. Quienes tuvimos la oportunidad de acceder a una
mejor educación tenemos la responsabilidad de luchar por
aquellos que no la tuvieron. Con esta lógica de trabajar
para lograr el bien de la sociedad entera, trabajamos con una
ley desde una perspectiva de los individuos. También dimos
cursos de capacitación en los estados de México
tanto a funcionarios públicos como a representantes de
OSCs, periodistas y otros sectores. Fuimos posicionando el tema
y avanzando en la negociación de la ley hasta que finalmente
fue aprobada el 30 de abril de 2002. Luego de un tiempo de espera,
empezó a tener vigencia plena a partir del 12 de junio
de este año y está en un proceso de funcionamiento
interesante que se incrementa cada vez más a nivel Federal
y de los Estados. Hoy ya contamos con 14 leyes aprobadas.
¿Cuál ha sido la reacción
del ciudadano mexicano? ¿Tienen cifras sobre la cantidad
de personas que han solicitado información pública
desde que la ley se puso en vigencia?
La ventaja de contar con un órgano regulador independiente
_denominado Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública_ permite tener una radiografía de cuánta
y qué tipo de información solicitan y quiénes
lo hacen. Desde el 12 de junio de este año hasta el día
de hoy, a nivel federal, tenemos unas 27 mil solicitudes. El perfil
de peticionarios es: en primer lugar los empresarios, seguidos
de académicos, OSCs y periodistas, contra lo que se pensaba
que éstos últimos serían los más demandantes.
Usted mencionó en su exposición
que esta ley genera un círculo virtuoso, un ganar –
ganar. ¿Por qué?
Porque nadie pierde, todos salen beneficiados. La autoridad gana
si es un gobernante honesto que quiere servir porque tendrá
mayor credibilidad, mayor rentabilidad política, mayor
prestigio personal y por lo tanto mayor futuro político.
El ciudadano gana porque tendrá acceso a una información
que lo ayudará en la toma pública de decisiones,
especialmente a la hora de votar. La sociedad civil organizada
gana porque podrá formular sus programas a través
de información pública utilizada en distintos ámbitos
(salud, medio ambiente, estudios de género, de presupuestos
del Congreso, etc.). Los medios de comunicación ganan porque
tendrán acceso a una información pública
mucho más sólida en donde el “quién”
se sustituye por el “qué” basado en hechos y
datos que finalmente tienen un efecto reflejo en el derecho a
saber del público. Se ejerce la libertad de información
y el periódico adquiere mayor credibilidad y por lo tanto
mayor número de ventas. El empresario gana porque contará
con información sobre políticas en materia de licitaciones
lo que generará una mayor equidad y sabrá de antemano
en igualdad de circunstancias cómo se invertirá
y bajo qué criterios lo que establecerán políticas
de estímulo a las pequeñas y medianas empresas.
Los únicos que podrían perder son aquellas personas
que están acostumbradas a hacer del servicio público
un instrumento de enriquecimiento ilegítimo.
A su criterio, ¿por qué
esta ley debería ser una prioridad para el Parlamento y
para la sociedad?
Porque es el punto de partida de un sistema democrático
que permite combatir la corrupción, generar estabilidad
en el Gobierno, reestablecer los tejidos de confianza y credibilidad
entre gobernantes y gobernados e impulsar un Estado de derecho.
La información permite la convivencia pacífica y
armónica de los seres humanos y generará un impacto
en otro tipo de leyes y en las prácticas políticas
y conductuales de la propia sociedad. El gran reto es realizar
una buena ley con un correcto diseño institucional, para
que funcione, venza los obstáculos y no dependa de la buena
voluntad de quien la quiera cumplir. Y a este proceso hay que
darle un seguimiento.
